Desde Esvidas, vemos con preocupación cómo este problema, muchas veces silenciado, está saliendo a la luz gracias a declaraciones valientes como las de Ramón Espinar o Toni Cantó. Y nos preguntamos: si la presión, el estrés y el acceso fácil a sustancias están afectando incluso a nuestros representantes políticos, ¿quién los está acompañando? ¿Dónde están los protocolos de prevención, los controles de consumo, el cuidado institucional?

Un problema visible… y normalizado

Espinar habló de un Congreso donde el consumo era un “secreto a voces”, y propuso controles anónimos como medida de prevención. Por su parte, Toni Cantó calificó el problema como “impresionante” y pidió actuar con urgencia. En otros países europeos, como Francia, ya se han propuesto medidas similares. En España, seguimos sin protocolos específicos.

No se trata solo de salud individual

Lo abordamos a fondo en nuestra entrevista con José Manuel Zaldúa, socio fundador de Esvidas, quien señala el estrés crónico como uno de los factores clave que alimentan el consumo de sustancias en contextos de poder, donde mostrar vulnerabilidad sigue siendo un tabú.

¿Y si actuamos?

• Controles anónimos y voluntarios: Pruebas no punitivas para detectar y acompañar.
• Programas de prevención y apoyo psicológico: Recursos accesibles, confidenciales y continuos.
• Transparencia institucional: Protocolos claros, con consecuencias centradas en la rehabilitación.
• Educación pública: Campañas que desestigmaticen las adicciones y refuercen la importancia de la salud mental en la política.

Estas medidas no solo beneficiarían a quienes ocupan cargos públicos. Serían un mensaje claro para la sociedad: que nadie está por encima del bienestar colectivo. Que priorizar la salud mental es un acto de responsabilidad, también en el poder.

Un mensaje a los medios y a la ciudadanía

Necesitamos medios que se atrevan a informar desde la empatía, instituciones dispuestas a liderar con el ejemplo y una ciudadanía que exija responsabilidad, pero también cuidado.

Nosotros nos preguntamos:
¿Quién vigila a quienes dictan las normas?

Y aún más importante:

¿Cuándo vamos a priorizar la salud mental, también en los niveles más altos del poder?